sábado, 4 de junio de 2011

Jornada de reflexión bisindical

Artículo publicado por José Asensio en Kaos en la Red y que incide, a partir de los debates creados en las acampadas del 15M, sobre la necesidad de extrapolar las reflexiones sobre el bipartidismo y las cuotas de representación al mundo sindical.

El denominado movimiento 15M ha vuelto a poner en evidencia gran parte de las deficiencias y contradicciones que padecemos en esta democrática monarquía parlamentaria, términos estos ya de por si difíciles de conjugar con una verdadera democracia si queremos que el principal verbo de la misma sea la soberanía popular.

Más allá de nuestra mayor o menor adhesión con dicho movimiento y esperando a que evolucione hacia estructuras organizativas más estables y duraderas que las que pueden posibilitar las acampadas hay que reconocer, entre otras muchas cosas, que ha conseguido que una parte importante de población reflexione y posteriormente cuestione formas tan poco democráticas de participación como las listas electorales cerradas, el bipartidismo o las cuotas de representatividad recogidas en la legislación electoral, que varían según comunidades autónomas entre el 3 o el 5% No descubro nada nuevo afirmando que en demasiadas ocasiones las críticas realizadas a dichas cuestiones han sido tildadas de demagógicas por quienes incluso reconocían, eso sí en petit comité, que este sistema democrático era de baja calidad o necesitaba de importantes retoques quirúrgicos para que pasase por unos estándares democráticos reales. Los análisis más frecuentes están llenos de superficialidades y medias verdades, eso si en boca de grandes expertos, que jamás cuestionaran nada porque sencillamente sus voceros viven, a cuerpo de rey, por y para el sistema.

Entre tanto debate, no obstante, se echa a faltar el mismo análisis en profundidad realizado sobre el actual sistema de partidos pero trasladado al mundo sindical. Es evidente la crítica a las posiciones sumisas de las estructuras y cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios pero también subyace un corrosivo discurso antisindical que si no es matizado puede amplificar la estrategia marcada desde los posicionamientos más ultraliberales de guerra continua al sindicalismo. Porque matizaciones habrá que hacer, y muchas, pues de la misma forma que cuestionar el bipartidismo no supone un cuestionamiento de la acción política en si misma criticar las estrategias sindicales de la UGT y CCOO no tendría que suponer una negación de la necesidad del sindicalismo como herramienta básica para los y las trabajadoras, sean asalariadas o no, sean por cuenta ajena o propia.


Partiendo, por tanto, de la base de esa necesaria autoorganización se hace imprescindible dejar claro la necesidad de que la misma tenga una estructura que pueda hacer frente a las poderosas organizaciones empresariales y al entramado financiero que conforman el actual sistema productivo depredador. Estas organizaciones de trabajadores no solo tienen que ser profundamente democráticas en sus estructuras y funcionamiento interno si no lógicamente rompedoras con el actual marco legislativo de representatividad y con las premisas negociadoras pactadas bajo el paraguas de la engañosa paz social porque solo así se puede responder a la defensa real de los intereses que le son propios. Nadie, salvo por infantil ingenuidad o hipócrito propósito, puede pensar que en el sistema de producción capitalista la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras compartan intereses con las elites empresariales y financieras. Por otro lado este razonamiento aparentemente revolucionario, el del principio de intereses contrapuestos,estaría reconocido en muchas legislaciones, incluida la propia constitución española.

Solamente con unas reglas de juego poco democráticas se puede asumir que los trabajadores y trabajadoras organizadas no puedan cuestionar las bases en las que se asienta la legislación laboral española como, por ejemplo, que el concepto de dirección y organización de trabajo sea un campo exclusivo de quien pone el capital (artículo 20 E.T. sobre quien paga manda) De la misma forma asumir que existan elevados porcentajes mínimos para representar a colectivos de trabajadores y trabajadoras en función del marco territorial y que estos se incrementen, comparándolos con los aplicados a los partidos políticos, al 10 o al 15% según los casos, solo es comprensible si lo que queremos es que mayoritariamente dos centrales sindicales, o contando el sector público tres, se atribuyan la representación de todo el conjunto de trabajadores del ámbito que establezcamos. La perversión de este sistema recogido en la legislación llega hasta el punto que podemos subir el marco negociador cada vez más alto, las llamadas mesas de negociación sectoriales y/o generales, cuando estemos interesados en que la parte sindical sea la mínima posible, o sea solo dos sindicatos. Así la otra parte representada en dichas mesas negociadoras en representación de las grandes asociaciones empresariales o de los dos partidos mayoritarios en forma de altos directivos de la administración, que sirve curiosamente para legalizar el proceso y darle tintes democráticos, solo tiene que reconocer a los que ya conocen de toda la vida. Evidentemente todo muy democrático.