domingo, 24 de julio de 2011

El Jefe de la patronal española hace gala de su ultraliberalismo antiobrero y carga contra funcionarios, parados y estudiantes

Prejuzga al colectivo de funcionarios, de los que dice que hay que acabar con los "incumplidores" y "prepotentes", arremete contra los estudiantes "repetidores" (obviando las circunstancias vitales de cada cual) y dice a los parados que se tienen que formar si quieren cobrar prestaciones.

El discurso neoliberal en su plena esencia, un discurso peligroso y populista, que prejuzga de antemano a las personas, y que pretende establecer un régimen meritocrático donde solo los más aptos, y los más sumisos, sobrevivan. Un discurso que trata a las personas según criterios meramente económicos de inversión-rentabilidad, y que anula por completo el carácter humano de trabajadores, desempleados y estudiantes. Este el resumen del discurso lanzado hoy por Juan Rosell, Presidente de la Patronal española, quien  ha expuesto sus "recetas" para facilitar la salida de la crisis en España, unas recetas que pasan por tratar al trabajador como simple mercancía, cada vez con más descaro y falta de visión humanista. 

Entre otras cosas,   Juan Rosell  ha señalado que hay que acabar con los funcionarios "prepotentes e incumplidores" y con aquellas personas que se apuntan al paro "porque sí".

"Quien se apunte al paro porque sí, habrá que decirle que no", ha dicho Rosell, que ha añadido que todos los parados que estén inscritos en los servicios públicos de empleo deben formarse al mismo tiempo que cobran la prestación.

En relación con los funcionarios, ha apostado por evaluarles y hacerles ver que "no son dueños" de su puesto de trabajo. También ha pedido que se penalice el absentismo laboral y se combatan los abusos asociados a las visitas al médico y el fracaso estudiantil.

"Al estudiante hay que decirle que un fracaso se le puede consentir, pero que esté ocho años para acabar una carrera de cinco, no se le puede consentir y no se lo vamos a pagar siempre", ha precisado Rosell, que ha agregado que para conseguir todo eso debe cambiarse el funcionamiento de los servicios públicos.

Neoliberalismo puro y duro, cuyos objetivos no son otros que acabar con el estado del bienestar y la presencia de trabajo público en cualquier sector de la administración o los servicios sociales, así como limitar el gasto social a meras inversiones de dinero público que puedan ser posteriormente rentabilizadas por el sector privado, acabando, de paso, con todo aquello cuanto pueda suponer una inversión social no rentable en términos económicos para el sector privado, pese a que sí puedan mostrar su rentabilidad desde el punto de vista de la formación humanista, o de la simple cobertura social a los derechos de las personas.