miércoles, 21 de marzo de 2012

CGT denuncia que el Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto para menores peligra debido a los impagos del Ayuntamiento de Valencia

El programa, que presta atención a más de 500 menores y jóvenes de la ciudad de Valencia, pertenece a la concejalía de Bienestar e Integración. Los retrasos en los pagos son de más de un año, hecho que amenaza gravemente la prestación del servicio. CGT exige el abono inmediato de los retrasos acumulados y que la Conselleria de Justícia cumpla con las recomendaciones del Síndic de Greuges del año 2010

La Confederació General del Treball denuncia que el Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto del Ayuntamiento de Valencia (de la Sección del Menor y perteneciente a la Concejalía de Bienestar e Integración), programa que gestiona la ejecución de medidas judiciales de menores de edad en medio abierto, según la ley de protección jurídica del menor y la ley de responsabilidad penal del menor, se encuentra gravemente amenazado.

Y es que los impagos municipales hacen peligrar seriamente su continuidad, la aplicación de leyes orgánicas, así como la estabilidad laboral de sus profesionales y la calidad en la atención prestada a más de 500 menores y jóvenes de la ciudad de Valencia, a través de la ejecución de unas 1.000 medidas judiciales en medio abierto.

En este sentido, CGT manifiesta que a los retrasos de los pagos de más de 1 año que impiden la adecuada prestación de los servicios, se añade la falta de presupuestos adecuados para la ejecución del contenido educativo de miles de medidas judiciales (miles de euros del 2010, 2011 y ahora 2012); para pagar los salarios de 12 profesionales (desde hace más de 1 año) y para cubrir, legalmente y de acuerdo a convenio, la baja médica de cualquier profesional.

Para CGT estos hechos suponen una vulneración de los derechos de nuestros menores en riesgo de exclusión y/o conflicto social.

El sindicato exige a la Administración valenciana el cumplimiento de los siguientes puntos para acabar con la situación que ha generado:

1) Se evite, por parte del Ayuntamiento de Valencia, la saturación y el bloqueo de los servicios de este importante programa, con el fin de prestar una atención de calidad en las medidas derivadas para su ejecución a la entidad gestora, y con el espíritu que marca la Ley 5/2000 y sus posteriores reformas.

2) Se realice el pago inmediato a la entidad gestora de los retrasos acumulados por parte del Ayuntamiento de Valencia en pagos para la ejecución de la contrata, que afectan directamente a los presupuestos para actividades educativas de más de 500 menores, a los sueldos de los 12 profesionales y a la continuidad de la prestación de estos importantes servicios sociales públicos.

3) Se cubran las bajas por enfermedad de cualquiera de los profesionales, tal como marca el convenio de aplicación, sin tener que recurrir a sobrecargar más a los profesionales, obligándoles a asumir las tareas del profesional que se encuentra de baja.

4) Se apueste por la calidad, estableciendo, de una vez por todas, ratios adecuadas de número de menores por profesional para poder atender a las necesidades socioeducativas con criterios de calidad en todos los servicios, ya que la carga de trabajo asignada a cada profesional supera con creces cualquier atisbo de intervención de seguimiento, control y educativa con calidad.

5) Se arbitren mecanismos para poner en marcha ya, las recomendaciones del año 2010 del Síndic de Greuges de la Comunitat Valencana a la Consellería de Justicia para intentar mejorar las numerosas deficiencias detectadas, de su anterior Informe Especial a las Cortes Valencianas sobre “La Implantación de los medios para hacer efectivas las medidas de reforma previstas en la Ley Orgánica 5/2000”, así como las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores celebradas en la Ciudad de la Justicia de Valencia el mes de Junio de 2009.

Sindicato de Administración Pública CGT Valencia
Valencia, 21 marzo 2012