sábado, 19 de octubre de 2013

El Tribunal de Cuentas investiga a Vaersa por gastar 655.135 euros en abogados privados en dos años

El sindicato CGT denunció el gasto en los contratos, adjudicados sin concurso, pese a que existía un convenio con la Abogacía de la Generalitat.
El Tribunal de Cuentas investiga a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente por el gasto realizado a través de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamientos energéticos y resíduos SA) en las contrataciones de asesorías jurídicas privadas por valor de 655.135 euros durante 2009 y 2010. La investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por el sindicato CGT ante el órgano fiscalizador, en febrero de 2012.
 
El Tribunal de Cuentas acaba de notificar al departamento que dirige la consellera Isabel Bonig la apertura del "procedimiento de reintegro por alcance por un posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia en irregularidades en la contratación de servicios de asesoría y defensa jurídica por parte de la empresa pública Vaersa".
El gasto anual en letrados externos constaba en los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, quien ya advirtió en 2009 y 2010 "al igual que en ejercicios anteriores, se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica" -por importe de 320.000 en 2009 y 335.135 euros en 2010- "sin previa formalización contractual y, por tanto, sin atender a los establecido en las normas generales de contratación del sector público y a los principios licitatorios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público".

El sindicato CGT advirtió al Tribunal de Cuentas que este gasto se produjo en Vaersa pese a que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente tenía suscrito "desde 2006 un convenio para que los letrados de la Generalitat prestaran los servicios de asistencia jurídica para Vaersa, por la cantidad de 3.600 euros anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC".
De ahí que la CGT denunciara que "las cantidades que han facturado los abogados externos en los últimos años son muy elevadas y totalmente desproporcionados, ya que Vaersa podría haber recurrido a los letrados propios de la Generalitatpersonal funcionario público, por sólo 3.600 euros anuales, un coste 100 veces inferior".
Tras la denuncia de la CGT, la entonces secretaría Autonómica de Territorio, Medio Ambiente y Paisaje, Arancha Muñoz, anunció en las Corts, tras una pregunta parlamentaria de Esquerra Unida, que "Vaersa ya había ha revocado los poderes que tenía el letrado que llevaba el asesoramiento y defensa en juicio de la empresa, de modo que ya no se daba la situación señalada en el informe de la Sindicatura de Comptes". Pese a que la conselleria dió marcha atrás, el sindicato exigió que que "se depuraran responsabilidades y se devuelva el dinero público saqueado", por lo que presentó la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que determine si "se ha podido originar responsabilidad contable".

En la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuenta el sindicato CGT exigía al tribunal fiscalizador que esclareciera "si las contrataciones se realizaron cumpliendo las prescripciones legales, tras el requerimiento al ente público de los contratos y a qué ejercicios presupuestarios anteriores a 2009 y 2010 se extendieron las prácticas de contratar los servicios de asesoría y defensa jurídica sin que se formalizara el contrato conforme a la legislación de contratos del sector público". La investigación del Tribunal de Cuentas también permitirá conocer qué tipo de trabajos se pagaron a razón de 300.000 euros anuales y si, al mismo tiempo, se abonaron los 3.600 euros a la abogacía de la Generalitat, con lo que se produjo una duplicidad en el gasto. La CGT también pide al tribunal que se reintegre el dinero gastado. l. b.valencia.

Laura Ballester/ valencia/ Diario Levante