viernes, 3 de octubre de 2014

Fiscalía investiga al gobierno de Camps por pagar 1.800 millones sin presupuesto

Toni Martínez
La Marea
 
MADRID// La Fiscalía Anticorrupción de Valencia está investigando unas presuntas irregularidades en la gestión del presupuesto del Gobierno valenciano desde el año 2008. Las acciones judiciales se iniciaron tras la presentación de una denuncia por el sindicato CGT que asegura que la Generalitat Valenciana “ha guardado en el cajón facturas por gastos que no se podían realizar por falta de presupuesto”. El sindicato estima que esa cifra sería superior a los 1.800 millones de euros en cinco años y que, además, la gran mayoría de esos pagos corresponderían a adjudicaciones realizadas a dedo, incumpliendo flagrantemente la legislación de contratos del sector público, pese a las reiteradas advertencias de la Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas valenciano) en sucesivos años.

CGT hace ese cálculo basándose en los informes anuales que presenta la Sindicatura de Comptes. En ellos se apunta directamente a la Conselleria de Sanitat: “Destaca el expediente iniciado por la directora gerente de la AVS [Agencia Valenciana de Salud] el 7 de septiembre de 2012 por importe de 1.748,7 millones de euros, a favor de las empresas que se han adherido al mecanismo extraordinario de pagos, indicando que los servicios, entregas o prestaciones se realizaron de conformidad”.

Con esta declaración el tribunal se refiere al dinero que se había comprometido fuera de presupuesto en los años anteriores por parte de la Conselleria de Sanitat. En este sentido, no hay “justificación documental sobre la evolución o resolución de este expediente de depuración de responsabilidades”. En el periodo que está investigando la Fiscalía (2008-2012), el presidente de la Generalitat era Francisco Camps.

A finales de 2013, tras una pregunta parlamentaria del PSPV sobre las facturas al Conseller de Hisenda y Administracions Públiques, Juan Carlos Moragues (ya con el gobierno de Alberto Fabra), el responsable de esta cartera, reconoció que “no existe informe expreso emitido por la Intervención General respecto al registro de gastos y obligaciones pendientes de pago en la cuenta 409”. Esta respuesta parlamentaria también ha sido remitada a la Fiscalía por parte del sindicato CGT.

Estos pagos, fuera del presupuesto, según señala el mismo tribunal en su informe sobre el año 2012, corresponden a contratos menores que “se han pagado a través de caja fija, y en algunos casos por importe superior a los 12.020 euros contemplado por la orden reguladora de las cajas fijas”.

Para el sindicato CGT, a la vista de estos datos, “pueden haberse cometido sendos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, puesto que se ha estado actuando a sabiendas de las graves ilegalidades, pues así se estaba advirtiendo por la Sindicatura año tras año”.

Desde la Conselleria de Sanitat, su actual responsable asegura que el problema de base de las acciones que investiga la Fiscalía Anticorrupión y que se refieren a etapas anteriores es la falta de financiación del País Valenciano. A su juicio, ese aumento de gasto fuera del presupuesto fue necesario para “poder seguir dando la Sanidad a los valencianos por encima del presupuesto”. Una situación que se regularizó a través del sistema de pago a proveedores implementado por el gobierno central.
Dudas ante la privatización de los hospitales

La denuncia de CGT-PV ante la Fiscalía también se refiere a la gestión privada del servicio de salud para la población de Manises y alrededores. Este contrato se modificó en marzo de 2012 para asignarle a la empresa privada la gestión de la asistencia sanitaria de 43.626 nuevos habitantes (para un total de 193.621). Para esta modificación no se convocó un nuevo concurso y se produjo semanas después de que la nueva empresa concesionaria se quejase de las condiciones y pidiese más dinero a la Generalitat.

El 27 de diciembre de 2006 se suscribió el contrato entre la Generalitat Valenciana y la mercantil Especializada y Primaria L’Horta-Manises S.A., con accionariado mayoritario de Ribera Salud. Seis años después, esta empresa vendió sus acciones a Sanitas. En el contrato se estableció que las áreas de influencia, es decir los pacientes que atenderían, serían los de los departamentos 6, 7 y 9.

El Síndic en su informe recuerda que el Consell Jurídic Consultiu debe emitir un informe al que está obligado “por la norma de contratación aplicable” y que éste “es de disconformidad sobre la propuesta de modificación de contrato” que ya se planteó en 2010.

El informe también apunta que en la cuenta de facturas fuera de presupuesto hay dos partidas, de 17,7 y 26,9 millones de euros, “por la ampliación de la población asistida durante los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, confirmando que el servicio de asistencia se ha prestado de forma efectiva en dichos años antes de aprobarse y formalizarse la modificación contractual que tuvo lugar en 2012”.

Es decir, tal y como reconoce el órgano de control, “la población de la zona de Mislata está siendo efectivamente atendida en el nuevo hospital de Manises desde el 1 de mayo de 2010”, dos años antes de que se firmase el contrato con la empresa concesionaria.