domingo, 15 de noviembre de 2015

La "malversación" en Vaersa se trocea en tres piezas

 Artículo original: Levante EMV


LAURA BALLESTER | VALENCIA La investigación sobre las presuntas irregularidades en la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) entre 2006 y 2011 se trocea en tres piezas para «agilizar la investigación», según dos autos distribuidos ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La pieza principal, y la más avanzada, es la que denunció el sindicato CGT sobre el pago de dos millones de euros a 59 directivos y personal de confianza de Vaersa desde 2006 hasta 2011, sin contar con la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda. Como ya informó este periódico, al menos en 2010 59 trabajadores vieron mejorar su nómina en 2010, a una media de 8.800 euros por cabeza al año, sin el visto bueno de Hacienda. Una retribución habitual en Vaersa desde 1995, aunque la CGT denunció que, al menos desde 2006, no se contaba con el visto bueno de la dirección general de presupuestos.

Por estos hechos se decidió imputar a los ex directores de Vaersa, Felipe Espinosa Bolaños y Enrique Simó, además de la directora de Recursos Humanos, Ana Bayarri, por una supuesta malversación de caudales públicos.

Una investigación a la que ahora se suman dos piezas separadas más. La número 1 indaga sobre el pago dos millones de euros a siete despachos de abogados en seis años, desde 2006 hasta 2011.

La Sindicatura de Comptes ya desveló el pago de 655.135 euros en sólo dos años a las asesorías jurídicas privadas, sin mediar concurso público y «sin previa formalización contractual», según la denuncia sobre estos hechos que también presentó el sindicato CGT. De todas las minutas pagadas, la más abultada fue la abonada al letrado Vicente Bru Parra, quien facturó 1.831.665,25 euros a Vaersa en seis años, por todo tipo de asesoramientos jurídicos,

Unos pagos que se hicieron a pesar de que, en febrero de 2006, la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda suscribió un convenio para que los letrados de la Generalitat prestaran asistencia jurídica a Vaersa, a cambio de 3.600 euros anuales. Sobre este asunto, la investigación judicial ha confirmado que entre el 31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2001 los responsables de Vaersa «abonaron al letrado Vicent Bru la suma de 470.000 euros por servicios de asesoría y defensa jurídica que no responden a trabajos individualizados, sino al concepto genérico de "redacción de escritos, contratos, consultas verbales, informes y reuniones de empresa».

Instrucción 15 y la Fiscalía Anticorrupción también han confirmado el pago de 1,8 millones de euros al letrado «por asuntos concretos que sí estaban individualizados». Unos pagos que el juzgado considera que podrían constituir un delito de malversación de caudales públicos, cometido por los ex directores de Vaersa, Felipe Espinosa y Enrique Simó.

1,4 millones en vehículos

La segunda pieza separada por las irregularidades en Vaersa indagará sobre la compra y alquiler de 65 vehículos todoterrenos en 2010 por 1,4 millones de euros, tal como denunciaron la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la Unión General de Trabajadores y el sindicato CGT. Al respecto, informes de la Intervención de la Generalitat y la Policía Judicial constata «las irregularidades en la contratación de los vehículos, por la forma en que se hizo la contratación y al fraccionamiento final del contrato al objeto de saltarse el procedimiento administrativo legal».

Un contrato que «cocinó y se comió» Felipe Espinosa, tal como declararon trabajadores de Vaersa citados a declarar en el juzgado, a pesar de que al exceder de 300.000 euros «carecía de facultades para el otorgamiento del mismo», según el auto del juzgado de Instrucción número 15.

También se han constatado irregularidades en «la factura de 90.000 euros abonada a la empresa suministradora» de los vehículos por mejoras en 26 todoterrenos «que fueron adquiridos con posterioridad a la emisión de la factura». En esta última pieza, también se imputa a Espinosa y Simó por prevaricación y malversación de caudales públicos.