viernes, 29 de julio de 2016

Otra condena para el exdirector de Vaersa por el reparto de 1,7 millones de productividad

A. RALLO. Valencia. Las Provincias

Segunda condena en 24 horas para el que fuera director general de Vaersa Felipe Espinosa. A los ocho años de inhabilitación por fraccionar contratos para la compra de 67 todoterrenos se le suman ahora otros diez por el reparto de productividad a directivos de la empresa pública sin tener la autorización de la Generalitat. Espinosa reconoció los hechos en ambas causas para atenuar la pena. La juez archivó la investigación contra Enrique Simó, el otro exdirector que llegó a ser detenido por este asunto.

Las irregularidades en el reparto de la productividad comenzaron en 2007 y se mantuvieron hasta 2011. El acusado abonó la productividad pese a ser conocedor de que la Generalitat le había denegado incluir este concepto en las nóminas. La Dirección General de Presupuestos incluso le advirtió de que el acuerdo sería nulo. El irregular proceder se repetía de forma «contumaz y persistente» año tras año. En total, se repartieron entre diferentes directivos alrededor de 1,7 millones de euros. El propio Espinosa también se beneficiaba de estos cobros. Cerca de 20.000 euros fueron a parar a su patrimonio.

Recoge la sentencia que estas irregularidades se produjeron durante «una situación económica desastrosa» que provocó una «reducción de salario a empleados públicos».

El caso Vaersa, tras las dos condenas anteriores, se limita ya únicamente a las pesquisas por la externalización de servicios jurídicos a un despacho de abogados. En concreto, al letrado Vicente Bru que es hermano del que fuera conseller socialista de la Generalitat, Segundo Bru. Llama la atención que se eligiera a un despacho externo cuando existía la posibilidad, a través de un convenio con la Abogacía de la Generalitat, de realizar esta tarea a un coste muy inferior. El letrado investigado, que también figura como imputado, sostuvo que los honorarios se ajustan a lo que marca el Colegio de Abogados. Toda la investigación comenzó tras las denuncias del sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Fiscalía de Valencia. El ministerio público decidió judicializar el caso.