jueves, 30 de marzo de 2017

3-a València: Dia global d’acció. #FueraParaísosFiscales

Concentració Carrer Colón, 25

Llamamiento

Los paraísos fiscales son una parte fundamental y necesaria del capitalismo financiero actual. Son parte de la arquitectura de la impunidad que permite a las empresas transnacionales, grandes fortunas y entidades financieras ocultar ingresos y beneficios, defraudando y eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias.

Los tratados de comercio TTIP, CETA y TISA tienen como objetivo la libre circulación de capital con las menores obligaciones posibles. Las transnacionales, al igual que se instalan en aquellos países donde los costes laborales son menores, también lo hacen en aquellos lugares donde la fiscalidad es nula o mínima. Estos son los llamados paraísos fiscales: territorios donde conviven todo tipo de fortunas y beneficios no declarados al fisco, sean legales o producto de la delincuencia internacional.

Los recientes escándalos de OffshoreLeaks (2013), LuxLeaks (2014), SwissLeaks (2015) y Papeles de Panamá (2016) han puesto en evidencia que no hay que viajar a una exótica isla para encontrar un paraíso fiscal, y que con frecuencia, gobiernos de países de la Unión Europea pactan beneficios fiscales con las transnacionales en detrimento de las arcas públicas de países supuestamente amigos. El mejor ejemplo es el actual presidente de la UE, Jean Claude Juncker, que cuando era ministros de finanzas de Luxemburgo pactó con al menos 340 empresas una fiscalidad mínima, que les permitió, mediante ingeniería fiscal, eludir la mayoría de sus obligaciones tributarias en otros países de la Unión Europea.

La OCDE ha reducido la lista de paraísos fiscales a solo tres, ya que cualquier país antes considerado como tal, si accede al intercambio de información con tan solo otros dos países, deja de aparecer en su lista. Sin embargo, un enorme volumen de dinero se mueve en guaridas financieras como la City de Londres, la Islas del Canal en Reino Unido, Delaware o Nevada en EEUU, Luxemburgo, Holanda o Irlanda. Y por supuesto en los tradicionales paraísos de siempre: Islas Caimán, Suiza, Andorra, Gibraltar etc. Google, Amazon, Microsoft, McDonald’s, Apple y tantas otras, así como el 95% de las empresas del Ibex35 tienen filiales en paraísos fiscales, con el único propósitos de eludir el pago de impuestos en los países donde generan sus beneficios. Estos miles de millones ocultos al erario público suponen el empobrecimiento y devaluación de los derechos de la ciudadanía, y el deterioro y privatización de los servicios públicos.

Los tratados del mal llamado libre comercio que se están negociando o que ya se han negociado, no impiden estas prácticas. Muy al contrario, con la intensificación del tráfico fronterizo de servicios financieros se facilitará un mayor movimientos de capital a espacios opacos, que hemos de recordar están en el corazón mismo de la Unión Europea o Estados Unidos.

El CETA por ejemplo, en vez de prevenir estos riesgos, limita la capacidad de regular de los gobiernos, y da a la industria financiera un instrumento privilegiado para influir en el proceso de elaboración de leyes o reglamentaciones a través del Comité Mixto de Cooperación Reguladora. No hay que olvidar que los bancos, junto con los despachos de abogados, son los elementos imprescindibles para que funcione el tráfico de dinero de un país a un paraíso fiscal.

El CETA, al igual que otros tratados de comercio e inversión, permite a los inversores extranjeros ─incluidos los bancos─ demandar a los estados ante tribunales de arbitraje por cualquier cambio normativo que consideren limita sus aspiraciones de beneficios. Y las transnacionales han utilizado en múltiples ocasiones estos tribunales para limitar la capacidad de los gobiernos para alcanzar mediante impuestos una mejor distribución de la riqueza y una mayor justicia fiscal.

Además el Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor –Estado (ISDS), incluido en los tratados de comercio e inversión, o el ICS incluido en el CETA, amenazan la capacidad de los Estados para cambiar las leyes tributarias y aplicar políticas fiscales progresistas.

El control sobre los impuestos es parte esencial de la soberanía de un país, y por eso muchos tratados incluyen ahora cláusulas de excepción fiscal para limitar la capacidad de los inversores extranjeros de interponer demandas en relación con este tema. Sin embargo, esto no ha impedido que un número creciente de casos ISDS hayan cuestionado cambios en las normativas de impuestos ejecutados por parte de los Estados.

Una vez más, cualquier política progresista que limite las exenciones fiscales a las grandes empresas, que aumente el impuesto de sociedades, que prohíba los desahucios a personas sin recursos, que imponga impuestos especiales a las energías fósiles, etc., puede verse amenazada por demandas de de cientos o miles de millones de euros gracias a los tratados de comercio e inversión.

Por todo esto, en la pasada asamblea estatal, la campaña No al TTIP, CETA, TISA decidió hacer suyo el llamamiento del Foro Social Mundial de Montreal, en agosto de 2016, y participar en el Día Global de Acción contra los Paraíso Fiscales. Por eso el día 3 de abril saldremos tomaremos las plazas y las calles para decir:

#niCETAniTTIP #FueraParaisosFiscales