miércoles, 8 de marzo de 2017

El exgerente de la Epsar se escuda en dos fallecidos para justificar 5 contratos a dedo

José Juan Morenilla se enfrenta a 10 años de inhabilitación por contratar sin autorización de Hacienda

El exgerente de la Epsar (Entidad pública de saneamiento de aguas residuales), Jose Juan Morenilla, se escudó ayer en dos personas ya fallecidas, el conseller José Ramón García Antón y el director financiero de Recursos Humanos de la empresa pública, Luis Navarro, para justificar los cinco puestos de trabajo que creó en la empresa pública sin la autorización de la Conselleria de Hacienda, que lo ha sentado en el banquillo de los acusados, tras la denuncia presentada por la CGT en 2015. La Fiscalía lo acusa de un delito de prevaricación por lo que solicita diez años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público. Morenilla también afronta a partir del 13 de marzo el macrojuicio del Caso Emarsa, por el presunto saqueo de la depuradora de Pinedo, en el que la Fiscalía solicita para él 14 años de cárcel.

Sobre los cinco contratos, el exgerente de la Epsar defendió ayer que «no es cierto que yo interviniera en la contratación de estas personas» porque, explicó en el Juzgado de lo Penal 8 de València, «el gerente no puede contratar, ni despedir». Morenilla justificó que los jefes de departamento le trasladaban las necesidades de contratación y él se limitaba a trasladarlo al consejo de administración de la Epsar, presidido por el conseller de turno.

Según el exgerente, el primer escrito de Hacienda en el que alertaba de la ilegalidad de los cinco contratos «lo vi el 6 de octubre de 2010» a pesar de que la Intervención de la Generalitat alertaba desde 2009 de las contrataciones irregulares. «Luis Navarro nunca me mostró las cartas sobre la masa salarial [remitidas desde Hacienda] y siempre me decía que los contratos eran legales». Cuando la Conselleria de Hacienda advirtió a la Epsar que debía «retrotraer» las contrataciones no autorizadas, Morenilla explicó que trasladaron el problema al conseller de turno, Juan Cotino, y que «se decidió no despedir a nadie». Una decisión que pasó por el consejo de administración de la Epsar, que «se trasladó a la dirección general de Presupuestos y ya no contestaron nada más». Morenilla defendió que los despidos de estos cinco trabajadores «podrían suponer parar las depuradoras, con el consecuente daño al medio ambiente y las personas».

El exgerente incluso recordó que las cinco personas contratadas por él «siguen trabajando en la Epsar, porque mis sucesores las han mantenido. Será porque eran necesarias».

Entre los testigos que declararon en la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal 8 también declaro su sucesor, Juan Luis Martínez Muro (gerente de la Epsar de 2011 a enero de 2016), quien admitió que los cinco trabajadores contratados en la etapa de Morenilla «han sido recolocados en puestos de trabajo que estaban autorizados [por la Conselleria de Hacienda] porque eran nulos, aunque para adecuarlas a su nuevo puesto de trabajo sufrieron una bajada de salario». Y, aunque la Epsar sufrió una bajada de actividad y hubo despedidos, los cinco contratados a dedo mantuvieron su puesto .