miércoles, 22 de agosto de 2018

De agravios comparativos, de políticos y megaincendios

El primer gran incendio forestal de la temporada se ha propagando con una virulencia inusitada. Y no sólo por el nuevo contexto climático y ambiental, advertido desde hace tiempo y reiteradamente por el colectivo de bomberos forestales. El contexto político, social y profesional ha supuesto un aporte de combustible extraordinariamente inflamable que ha desatado un megaincendio en los ánimos de los servicios de los bomberos forestales de toda España. Nosotros, los profesionales de todo esto, los que nunca salimos porque estamos donde la tele no llega, los que morimos en el vacío que queda entre el fuego y el resto del mundo, ya no podemos más. Acostumbrados a pasar noches en vela entre las brasas y cenizas de avernos calcinados, no podemos soportar sin embargo, la desidia con la que nos tratan y maltratan los gestores de todo este despropósito.

Hace unos días, el gobierno central presidido ahora por Pedro Sánchez, se opuso a la subida salarial de los bomberos forestales de la Comunidad Valenciana, alegando que existía un agravio comparativo con otras comunidades autónomas. Una subida que no era otra cosa que una adecuación a unas nuevas funciones y unas nuevas categorías.

Queremos explicarle a Maria Jesús Montero, a Luis Planas, a Ximo Puig, a Pedro Sánchez y a cualquier político presente o futuro que se vaya a cruzar en nuestro camino, lo que es un agravio.

Un agravio es que profesionales de las emergencias pierdan la vida en los incendios con contratos de peón agrícola y salarios miserables, al mando de funcionarios que cobran el doble por hacer lo mismo. Un agravio es echar del servicio a un profesional que ha dedicado toda su vida a los incendios pero por la edad, le empiezan a fallar las piernas, mientras en la administración pública existe una segunda actividad. Un agravio es encomendar mes a mes un servicio esencial de carácter estructural a una empresa instrumental gestionada por multimillonarios, cuando varios tribunales de cuentas autonómicos, el tribunal de cuentas del Estado e incluso el de la Unión Europea ya han dicho que eso es un abuso. Un agravio es la gran temporalidad que sufren los trabajadores del sector pese a constituir un servicio estructural de las administraciones. Un agravio es mantener a un profesional pegado al teléfono 2.282 horas al año, por entre 0 y 59 céntimos/hora, cuando en cualquier servicio público de emergencias las guardias localizadas computan como tiempo de trabajo efectivo. Un agravio es obligarte a lavar en tu casa junto con la ropa de tu mujer y tus hijos, un traje de intervención lleno de toxinas cancerígenas, mientras en el sistema público se encarga una empresa externa que tiene que certificar cada lavado. Un agravio es entrar en una interfaz urbana con tu mascarilla de papel y tu traje de 50 €, cuando otros entran con equipos de respiración autónomos, cascos integrales y trajes de cuatro cifras. Un agravio comparativo es correr entre cenizas y temperaturas de 50ºC monte arriba con 30 kg y 65 años a la espalda por orden de un funcionario que se jubila antes de los 60.

Porque este colectivo lo está pasando tan mal, que las relaciones que se han tejido entre los dispositivos de diferentes comunidades autónomas han creado unos lazos fraternales que están muy por encima de la envidia o del agravio comparativo. La lucha de unos es la lucha de todos. La huelga en Valencia se apoya desde Madrid, Galicia o Sevilla. Como dirían en la novela de Alejandro Dumas: “todos para uno y uno para todos”.

Por eso, sólo cabe en una cabeza mezquina pensar que alguna comunidad autónoma va a sentirse agraviada por compañeros que sólo piden lo que merecen. Y si lo que se teme es el efecto llamada, señores... miren a su alrededor. En Galicia, el Gobierno de Feijoo tiene a los agentes forestales de la Xunta en huelga, y les han metido unos servicios mínimos del 100% vulnerando unos de los derecho más sagrados de cualquier trabajador. Pero es que en Madrid, el gobierno de Ángel Garrido también tiene a los bomberos forestales de la Agencia de Emergencias con huelga, concentraciones y paros de 24 horas durante todo el mes de agosto. En Andalucía, la Junta de Susana Díaz tiene a los bomberos forestales del Infoca con encierros en los Centros de Defensa Forestal. En Aragón, los profesionales del SARGA también se han movilizado para alargar su periodo de contratación que no llegaba ni al medio año y para reivindicar la categoría de bombero forestal. Y no podemos olvidarnos del movimiento iniciado por las BRIF de todo el Estado, que estuvieron más de 100 días de huelga, acudiendo de forma voluntaria a los incendios y que no han conseguido prácticamente nada más que un acuerdo de mínimos que los siguen dejando en la miseria.

¿Efecto contagio? No señores. Así funciona un mega incendio. Cuando la precariedad del colectivo alcanza su rango de inflamabilidad y los ánimos se calientan por encima del punto de autoinflamación, se generan las condiciones adecuadas para que se genere un incendio última generación. Un incendio con tanta energía que se retroalimenta, levantando al cielo incandescencias que en algún momento caerán por toda la península creando conatos de incendio y nuevos frentes que pueden superar la capacidad de extinción inherente a las falsas promesas políticas.

El día a día de los bomberos forestales está ligado al cambio climático. La política debe afrontar hoy y ahora una realidad que se le ha venido encima. En estos momentos el Congreso tienen en sus manos un Proyecto de Ley de Estatuto de Bomberos Forestales y un grave problema de desarraigo rural. Pueden seguir como hasta ahora, avivando las llamas del incendio y creando un problema de Estado que va a ir a más, o ver una oportunidad en todo esto para mejorar la vida de los bomberos forestales, de los bosques y de los pueblos que viven abandonados en estos entornos.

Plataforma Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales